Estos días asistimos a una polémica sobre si ‘Aukera Guztiak’, presunta sucesora de Batasuna, debe presentarse a las elecciones vascas.
Los argumentos los conocemos todos. En contra: que forman parte de ETA, que no se puede presentar un partido que no condena la violencia. A favor: que no se puede discriminar a un montón de vascos, que hay que admitir todas las opciones.
Escuchando el otro día ‘La ventana’, programa vespertino de radio, un contertulio -creo que Joan Subirats- marcaba dos líneas que quiero destacar, una a raíz de una acusación de ‘asesinos’ -posteriormente matizada- a los componentes de AG que decía “si empezamos a decir que varios miles de vascos son asesinos tenemos un problema” y otra que repetía insistentemente “tenemos que dejar que todas las opciones se presenten”.
Es verdad que si permanecen excluidos y popularmente acusados miles de ciudadanos tenemos un problema. Otra cuestión es porqué permanecen así. A mi parecer hay un victimismo exagerado, pero que se alimenta en raíces ciertas, lo cual es un problema. Y el ejemplo más claro en este momento es la última reforma de la ley de partidos políticos. O más concretamente el modo en que se aplica.
Legislar ‘ad hoc’ es siempre un error. Las leyes deben ser genéricas y para todos. Y como en el dilema de la mujer del Cesar, que no solo debe ser honesta sino además parecerlo, las leyes deben ser genéricas y parecerlo.
Quiero decir que si entendemos que es bueno que un partido político tenga que rechazar la violencia y no fomentarla ni apoyarla, hemos de aplicarla con EL MISMO rigor a todos. Para ello podemos o no aplicarla para nadie o ser estrictos para todos. ¿Tan difícil es pedir que todos los partidos hagan una declaración repudiando el terrorismo? Sin embargo, en el mismo programa, una militante del PP -no recuerdo el nombre- se ofendía porque su partido tuviese que hacer ninguna declaración específica, sobre la base de que la postura de su partido está suficientemente clara.
Y yo no digo que no esté clara la postura del PP. Lo que digo es que los militantes de AG también se ofenden como cualquier otra persona. Y que si pretendemos obligar a AG a hacer una declaración que no obligamos a hacer al PNV, al PSOE, al PP, a IU, etc. estamos dando pie al victimismo. Estamos creando la posibilidad de que digan ’se persigue al nacionalismo vasco, porque se le obliga a cosas que no se pide al resto de los partidos’.
Lo mismo ocurre con la investigación que se ha hecho de los componentes de la lista de AG. Una de dos, o se investiga a todos los componentes de todas las listas o no se investiga a nadie. Porque a priori, y sobre la base -que debería ser sagrada- de que todos somos iguales ante la ley y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no hay más motivo para investigar a un miembro de AG que a uno del PSE. Y marcar una diferencia es discriminar y volver a favorecer el victimismo.
Sin embargo, hablando sobre la segunda línea comentada al principio “tenemos que dejar que todas las opciones se presenten” hay que recordar varios puntos. El primero, y tiene que quedar muy claro, es que todas las opciones pueden presentarse. Y jugar a este error es irresponsable y peligroso. Quiero recordar aquí varios hechos.
- Un partido puede estar en contra de la constitución y presentarse sin ningún problema.
IU habla en sus estatutos de buscar la República, es decir acabar con el régimen de monarquía. Y, como todos sabemos, IU se presenta en todas las elecciones.
ERC es un partido, además de republicano, independentista. Y también se presenta a las elecciones.
PNV, EA y Aralar son independentistas. Y se presentan a las elecciones.
- Los partidos políticos, como toda organización, están obligados a cumplir ciertas normas, por ejemplo, su funcionamiento interno debe ser democrático.
- En octubre 1977 se concedió una amnistía a TODOS los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre.
La parte política de ETA formó Euskadiko Ezkerra, partido que se presenta en todas las elecciones vascas.
Julio Madariaga, uno de los fundadores de ETA, se presenta a estas elecciones en el partido ‘Aralar’.
Hay antiguos miembros de ETA en el PSE, partido federado al PSOE, que es el partido que gobierna España.
Insisto, todas las opciones políticas pueden presentarse a las elecciones. Aunque pretendan cambiar la Constitución, aunque pretendan que alguna región se independice del resto del estado, aunque en sus listas haya gente con delitos de sangre prescritos o amnistiados.
Pero toda legislación debe tener un límite. Y ese límite son los derechos humanos. El último límite que no se puede traspasar es el respeto a la vida humana.
En resumen, en mi opinión, debería rehacerse la legislación sobre partidos políticos, que define cómo se crean y que requisitos deben cumplir. Y los requisitos básicos son funcionamiento democrático e inclusión en los estatutos del respeto y la defensa de la carta de derechos fundamentales de la constitución europea. Nada más. Y si en aplicación de la ley, en unas elecciones se examina una lista, se examinan todas.
Al cuento de las elecciones vascas en general no puedo evitar hacer referencia a las declaraciones del lehendakari Ibaretxe respecto a que no pueden Zapatero y Rajoy decidir en Madrid lo que quieren los vascos y que no se puede denegar una propuesta democrática como la suya porque sí.
Parece que hay que recordar que, por ejemplo en Bilbao, tienen un alcalde que representa a todos los bilbainos. Y que Bilbao está en Vizcaya, que tiene una diputación que representa a todos los ciudadanos de Vizcaya. Y que Vizcaya está en el País Vasco, que tiene un lehendakari (Ibarretxe) que representa a todos los vascos. Y que el país vasco está en España (al menos de momento), que tiene un presidente que representa a todos los españoles.
Y que tan legítimas son las decisiones del ayuntamiento de Bilbao, como las de la diputación de Vizcaya, como las del gobierno vasco, como las del gobierno de España.
Al parecer Ibarretxe piensa que solo es democrático lo que él vota. Pues mire, no.
Si el alcalde aprueba un edicto que viola una ley de la diputación, no puede ponerlo en marcha. Y si la diputación pretende aprobar alguna norma sobre la que el parlamento vasco debe decidir, y vota en contra, tampoco se puede poner en marcha. Y si el parlamento vasco aprueba una norma sobre la que el parlamento español debe decidir y vota en contra, pues es igual de democrático y legítimo. Aunque a él no le guste.
Para acabar quiero añadir una última reflexión que escuché no sé bien de quién. Hablaban sobre una encuesta del Euskobarómetro en la que un gran porcentaje de vascos pensaba que el llamado ‘plan Ibarretxe’ contribuiría a que ETA dejase de matar y sobre lo que significa votar contra el miedo.
Este contertulio ponía en duda que una ‘consulta popular’ en esas condiciones fuese una votación libre y ponía más o menos el siguiente ejemplo:
’si ETA dijese que en caso de que los vascos caminasen hacia atrás dejaría de matar ¿cuantos votarían a favor de caminar hacia atrás? ¿sería esa votación un reflejo de la voluntad de la mayoría?’